La sociedad aspira y exige contar con instituciones públicas cada vez más accesibles y transparentes, más cercanas y capaces de generar sinergias y colaboraciones que produzcan beneficio social y económico por el flujo informativo que se produce de manera multidireccional. La pérdida de confianza de la ciudadanía en la gestión pública ha ido en aumento en las últimas décadas, muchas veces nutrida por el desconocimiento de los objetivos y acciones ejecutadas por las instituciones públicas. La opacidad ya no puede ser la norma, el avance de los tiempos y la tecnología han quebrado todo ese sistema de secretismos que durante muchos años ha salpicado a la política, y ahora podemos decir sin que sea un exceso, que sin transparencia no hay democracia.
La transparencia se revela como uno de los valores esenciales para que las instituciones y administraciones sean consideradas como propias, cercanas y abiertas a las expectativas, necesidades y percepciones de la ciudadanía. El principio más importante que ha de regir la transparencia es el de servicio: ser transparente es inherente al servicio público porque es un derecho de la ciudadanía y no es algo accesorio de la que se pueda prescindir en función del coste que suponga, o que pueda quedar a la voluntad o al criterio de eficiencia en la gestión pública de quien ostenta la responsabilidad para ello. Además, la transparencia constituye una eficaz salvaguarda frente a la mala administración, en la medida en que posibilita a la ciudadanía conocer mejor y vigilar el ejercicio de las potestades, la prestación de los servicios y el empleo de los recursos públicos que se obtienen por la contribución de la misma al sostenimiento del gasto público. Por todo esto, la transparencia en la gestión de los asuntos públicos es un instrumento vital para lograr que la actuación de los poderes públicos sea más eficaz y eficiente.
En esta legislatura llena de transformaciones pendientes y con procesos regulatorios que no se finalizaron en la anterior legislatura, el Gobierno Vasco ha incluido dentro de sus compromisos la tramitación de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana. Una Ley que regule la acción pública desde una doble vertiente, desde la publicidad activa y desde el derecho de acceso a la información pública. Una ley que facilite y promueva la participación ciudadana en la vida política del país y de sus instituciones, que permita atreverse con mecanismos de participación innovadores, que incremente la eficiencia en la toma de decisiones políticas y en la adopción de normas de cualquier rango. Una ley de transparencia que regule a los grupos de interés, los criterios que tienen que regir las relaciones de estos con los altos cargos y qué establezca la obligatoriedad de agendar las reuniones, informarlas y emitir informes posteriores.
En un contexto de enorme transformación como el actual, donde la colaboración público-privada va a ser fundamental para avanzar en la ruta marcada por la nueva agenda política que de respuesta a los retos sociales, económicos, medioambientales, tecnológicos, es urgente terminar el proceso iniciado en la anterior legislatura, tramitando la Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno (proceso interrumpido en el primer cuatrimestre de 2018), y establecer el marco legislativo que permita aumentar la transparencia de las actuaciones públicas y privadas en la toma de decisiones políticas y legislativas. Así se dará cumplimiento a las disposiciones del Estatuto de Gernika sobre la participación ciudadana en la vida pública, en la senda de la transparencia iniciada por la Unión Europea y otras Comunidades Autónomas que cuentan ya con sus propias Leyes de Transparencia, y se mejorará la toma de decisiones.
