En un extracto de su obra, William Shakespeare, se refirió al mundo como un gran teatro donde los hombres y mujeres son actores, todos hacen sus entradas y sus salidas y diversos papeles en su vida. Esta reflexión la escuchamos y la pronunciamos para referirnos a la vida, pero también para describir el mundo de la política: todo es puro teatro. Y es que, unas veces, la política nos ha parecido una comedia frívola y ligera, con malos actores y actrices (estas últimas las menos) sobreactuando pasiones, dirigiendo ofensas, llenando con una sobreactuación exagerada lo que realmente es una falta de un buen guión y de timón. Sin embargo la política es sobre todo eso, guión y timón para el ejercicio de la acción pública y de la búsqueda de soluciones a los problemas ciudadanos.
Pero esta política percibida como teatro por los ciudadanos es mucho más compleja y menos espontánea de lo que ciertos discursos quieren hacer creer. La elaboración de las políticas públicas no puede ser un monólogo de los políticos, realmente no lo ha sido nunca, pero es que cada vez lo será menos.
Es cierto que gran parte de la ciudadanía durante mucho tiempo dio la espalda a la política y asumió que su responsabilidad ciudadana se limitaba a la canalización de un voto cada cuatro años. Afortunadamente, el “escenario” se ha hecho más grande y lo que durante un tiempo fue percibido como un extenso monólogo por parte de los políticos, en los últimos años vemos como un número creciente de espectadores han decidido dar el salto al escenario sin que hasta entonces nadie les hubiese invitado. De esta forma, el ejercicio de la acción pública deja de ser algo “exclusivo” de los partidos políticos y de los cuadros gubernamentales y administrativos, para pasar a ser un espacio compartido donde la influencia y la generación de espacios de participación y co-creación se convierten en oportunidades para aportar soluciones innovadoras que no pueden ser construidas únicamente por quienes ostentan la representación ciudadana.
Los gobiernos no son entes autónomos porque están sometidos a presiones externas, ni autosuficientes porque necesitan para la elaboración y desarrollo de las políticas públicas de otros actores y de otros recursos que no controlan. Necesitan generar consensos y que sus política públicas sean aceptadas desde un punto de vista técnico, pero también social. Necesitan la complicidad de otros actores.
La legislatura vasca que acaba de terminar no ha sido la legislatura de los consensos, más bien ha sido una legislatura caracterizada por una falta de acuerdos que ha supuesto una escasa producción legislativa. La reforma del Estatuto, la ley contra el cambio climático, la reforma de la ley de igualdad, la reforma de la renta de garantía de ingresos, la nueva Ley Vasca de Educación, la nueva Ley de Infancia, la Ley de Memoria Histórica o la nueva Ley del Juego, son iniciativas legislativas que no han terminado de ver la luz. Todas ellas afectan directamente a las personas en su día a día. Así el Parlamento Vasco parece haberse contagiado de un mal que ha caracterizado a la política española: tal y como recoge el informe de la CEOE, la producción legislativa en el Congreso de los Diputados durante los últimos tres años es la más baja desde 1970. En Euskadi, como en Madrid, hemos regulado poco y despacio, corriendo el riesgo de que cuando regulamos, la norma desarrollada se haya quedado obsoleta. Las realidades sociales, con una desigualad que debe ser abordada con urgencia, los hábitos de consumo, la robotización de la economía, la tecnología está evolucionando a un ritmo para el que la producción legislativa puede llegar tarde, de manera que cuando se regule una realidad esta ya haya mutado.
A la hora de depurar responsabilidades sobre la baja producción legislativa de la Cámara Vasca, habrá quien las dirija a los partidos del gobierno de coalición por no haber sido capaces de llegar a grandes acuerdos, y habrá quien descargue estas responsabilidades sobre quienes, bajo su punto de vista, se han instaurado en la política del bloqueo y en su rol de opositores impidiendo así la tramitación de determinadas normas.
La decisión de adelanto electoral del Lehendakari Iñigo Urkullu, abre un espacio de crítica en este sentido que obviamente será utilizado por la oposición. Pero, siendo realistas y viendo la velocidad legislativa de estos cuatro años, la situación no habría cambiado mucho si las elecciones se hubiesen convocado después del verano. Seguramente lo que haga falta es tomar consciencia de que la sociedad está evolucionando a una velocidad que requiere cambiar los modelos de relación entre actores políticos, económicos y sociales, agilizar el desarrollo de normas, de manera que se haga frente a los retos sociales de una manera más ágil y eficiente. No como en esta legislatura, vaya.
