Durante la última semana hemos asistido al goteo de nombramientos de Vicepresidencias y Ministerios iniciado tras la sesión de investidura del martes con la filtración y posterior confirmación de los cuatro Ministerios que recaen sobre Unidas Podemos y que culminó el sábado por la noche con el nombramiento de quien ocuparía la catera de Justicia. Quedaba así configurado el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia española, cuya combinación de socios es excepcional en el contexto actual europeo. Este sistema de nombramientos ya utilizado por Pedro Sánchez en la anterior legislatura, no ha supuesto ninguna sorpresa y ha generado dudas en cuanto a su pertinencia cuando el contexto es otro: hay un acuerdo de gobierno en el que se tiene que velar por un reparto proporcional de Ministerios y unas prioridades y hoja de ruta que hay que explicar. Con cada uno de los nombramientos se iba vislumbrando una superposición de competencias y complementariedades que se detallarán con su posterior publicación en el BOE.
La composición del Gobierno, como la composición del Congreso de los Diputados refleja un momento de cambio sustancial de nuestra sociedad. Sobre la nueva configuración parlamentaria y la fragmentación del sistema de partidos se ha hablado mucho, no en vano, llevamos cuatro años de campaña electoral intermitente. Pero pasadas las campañas electorales, llega el momento de la acción y su primer paso es la configuración del nuevo gobierno que se concreta en el reparto de carteras con el que se definen las prioridades del gobierno. Estas prioridades quedaron claras una vez conocidas las cuatro vicepresidencias, que parecen querer dar respuesta al gran cambio social que se ha producido en los últimos años: reto económico, reto digital, reto climático, reto demográfico, reto de justicia social, reto de la plena igualdad (con un Ministerio propio).
Una vez conocida la totalidad del gobierno se vislumbra un ejecutivo en el que la interdependencia, la complementariedad o la superposición de competencias empieza a asomar como una de las primeras características del nuevo Gobierno. Una complementariedad o cruce de competencias que parece darse entre las propias Vicepresidencias, entre estas con los Ministerios y entre los propios Ministerios entre sí. Sin embargo, el mismo Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no lo trasladaba así y recalcaba que nos encontramos ante “un gobierno de acción, ejecutivo, con competencias muy precisas y muy tasadas”.
A simple vista, y a la espera de que se recoja en el BOE el reparto de competencias de cada una de las carteras, este nuevo gobierno también requiere otras lecturas, en tanto que se presenta como una oportunidad para trazar otras maneras de gestionar los asuntos públicos o la “cosa pública”. Nos encontramos ante la posibilidad de desarrollar una nueva gobernanza, entendida ésta como un cambio profundo en las formas de gobierno de las sociedades contemporáneas, que en nuestro caso, se ven marcadas por la globalización, la europeización (a excepción del Brexit) y la interdependencia. La nueva gobernanza debe transitar de formas jerárquicas y soberanas hacia modalidades más cooperativas, debe coordinar políticas sectoriales, generar las condiciones para que se adopte innovación tecnológica y social, redefinir incentivos y crear las condiciones para gestionar la complejidad de unos Estados sometidos a una transformación profunda, que sin la participación y colaboración de las organizaciones de la sociedad civil y las empresas no puede por sí solo acometer la transformación, social, política y cultural de este nuevo tiempo.
La composición de un gobierno de coalición posibilita la cohabitación de perfiles diversos y plurales, que deberían facilitar el impulso de iniciativas transversales. Esta nueva gobernanza que se plantea deberá asegurar una actuación ordenada que evite duplicidades, pero que asuma también la complejidad de asuntos como el reto demográfico que no pueden ser definidos sin tener en cuenta políticas de natalidad, envejecimiento y migraciones; o la política universitaria que no puede definirse sin coordinarse con Educación, ni con Ciencia e Innovación; políticas de movilidad que no pueden obviar el desarrollo digital; o políticas de igualdad que sin una coordinación con Trabajo no abordarán el complejo mapa de la conciliación. Sin obviar el importante tránsito y coordinación con las Comunidades Autónomas que tienen transferidas competencias fundamentales en la gestión de políticas públicas.
Va a llevar su tiempo establecer las competencias de cada Ministerio. Veremos como se organiza el trabajo entre áreas, veremos si con esta estructura se está planteando un nuevo ejercicio de gobernanza: una manera de hacer política más relacional y cooperativa. Bienvenidos al Gobierno de la interdependencia.
